Francisco Mieres
El pasado Sábado falleció en Caracas el profesor universitario de Economía Petrolera por muchos años Francisco Mieres. Mieres también fue Embajador de Venezuela en Rusia durante el actual régimen de Hugo Chávez pero no parecía comulgar con el chavismo, inclinándose más bien hacia el grupo del general Raúl Baduél. Mieres tuvo una participación muy activa durante el gran debate petrolero que precedió a la estatificación de la industria petrolera venezolana durante la década de 1970. Fue mi adversario, en ocasiones muy duro y agresivo, pero creo, en retrospectiva, que aquél debate fue un extraordinario ejemplo de verdadera democracia en acción.
Siento su muerte. En su memoria, he escrito esta nota sobre ese gran debate petrolero en el cuál participamos él y yo, en campos opuestos, pero sin llegar nunca a la descalificación soez que impera hoy en día.
**************
A principios de la década de 1970 la situación petrolera venezolana comenzó a experimentar significativos cambios. El gobierno venezolano había estructurado una combinación de instrumentos: el decreto 832, el precio fiscal de exportación, la ley de Reversión y la Ley de Reserva al Estado del gas natural, mientras experimentaba, sin mayor éxito, con los contratos de servicio. Los instrumentos arriba citados le conferían al gobierno casi total control sobre las operaciones petoleras y le permitía saber con antelación el monto de sus ingresos petroleros para el año. Para todo efecto práctico la industria petrolera venezolana ya se hallaba “nacionalizada”. Sin embargo, esta misma situación llevó a las empresas concesionarias a reducir sus inversiones a un mínimo absoluto, dedicándose a producir de manera acelerada, a fin de recuperar el mayor volúmen posible de petróleo dentro de la vida remanente de las concesiones. Esta reacción era lógica como estrategia comercial pero fue moldeando un clima propicio a la nacionalización. El gobierno comenzó a preocuparse de que, al final de las concesiones, el país recibiera solo restos de la actividad. Los sectores políticos comenzaron a hablar abiertamente de nacionalizar la industria. Desde el despacho del ministerio del sector, Hugo Pérez La Salvia hablaba de la necesidad de acelerar los estudios dirigidos a la nacionalización. URD, a través de Leonardo Montiel Ortega, proponía la formación de un grupo que comenzase a estudiar las maneras de vender directamente el petróleo venezolano, acusando a las concesionarias de presionar al gobierno mediante reducciones injustificadas de producción. El resucitado Partido Comunista de Venezuela, por boca de Olga Luzardo, llamaba a las mujeres venezolanas a defender la Ley de Reversión. Por otro lado, el ex-presidente Rómulo Betancourt, el catedrático Ernesto Mayz Vallenilla, el presidente de Fedecámaras Carlos Guillermo Rangel y el dirigente de acción Democrática Arturo Hernández Grisanti, pedían no politizar las decisones en torno a la nacionalización del petróleo. Había comenzado lo que sería un intenso debate petrolero nacional, una verdadera muestra de democracia, en ocasiones muy agresivo pero nunca excluyente. El debate se politizó, un hecho inevitable debido a que se acercaban las elecciones presidenciales, en Diciembre de 1973, y los dos partidos con posibilidades de ganar esas elecciones se sentían obligados a asumir una posición frente a la nacionalización petrolera.
Rapidamente se establecieron a nivel político dos grandes bandos en torno a este asunto. Uno, en cuyas filas militaban líderes políticos de izquierda o, aún, de centro o de derecha animados de un fuerte matiz patriótico o pseudo-patriótico. Este grupo pedía la nacionalización de la industria petrolera de manera acelerada, entendiendo como nacionalización el control total del Estado venezolano sobre la industria. Hablaba este grupo de estatificar la industria, más que de nacionalizarla. Ello excluía la posibilidad de que la Venezuela no gubernamental pudiese tener una participación directa en la industria. Para este grupo no debería ser permitida la participación directa del sector privado venezolano en las actividades de la industria, puesto que este sector era visto por ellos como una simple extensión del capitalismo internacional. En este bando figuraban, entre muchos otros, Alfredo Tarre Murzi, Radamés Larrazabal, Francisco Mieres, Leonardo Montiel Ortega, Gastón Parra, Alvaro Silva Calderón, Humberto Calderón Berti, Pompeyo Márquez, Freddy Muñoz Eduardo Acosta Hermoso, los profesores Marxistas de las universidades, los comunistas de corte stalinista, Abdón Vivas Terán, Carlos Piñerúa, Jesús Paz Galarraga, Pedro Márquez y Jesús Bernardoni. Los partidos políticos agrupados en torno a esta tesis incluían a COPEI, MEP, URD y el partido Comunista de Venezuela. El grupo contaba con el apoyo de la CVP, heredera aparente de la gerencia de la industria una vez estatificada y con organizaciones tales como Pro Venezuela, tradicionalmente muy nacionalista. La posición del COPEI era motivada por estrategias políticas mas que por ideología. Este partido se encontraba en el poder, en plena campaña electoral y deseaba sonar más agresivo, mas nacionalista que cualquier otro. Acción Democrática, por el contrario, trataba de demorar el acto de la nacionalización ya que tenían posibilidad de ganar las elecciones y deseaban ser ellos quienes la llevaran a cabo. Los análisis de la conveniencia o no del acto, de los problemas que serían encontrados en el camino, de los riesgos técnicos y políticos que la nación tendría que enfrentar no parecían interesar mucho a los super patriotas.
El otro grupo pedía moderación y cautela. Prefería hablar de una venezolanización progresiva, de empresas mixtas, de contratos de comercialización con las empresas extranjeras, de una transición mas que de una ruptura abierta con las concesionarias. En este grupo se encontraban, entre otros, Humberto Peñaloza, Rafaél Tudela, Octavio Lepage, Luis Esteban Rey, Antonio Stempel París, Pascual Venegas Filardo, Carlos Chávez, Eloy Porras, Andrés de Chene (hoy furibundo chavista y “anti-imperialista), altos gerentes de la industria petrolera concesionaria, instituciones como Fedecámaras, los candidatos presidenciales Pedro Segnini La Cruz y Miguél Angel Burelli Rivas, algunos miembros del equipo técnico gubernamental como Ramsey Michelena y”Luis Plaz Bruzual y un creciente número de técnicos petroleros que trabajaban en las empresas concesionarias. En la Venezuela de esos días la posición de este grupo no erala más popular. El bando contrario hacia creer al país que defender tal posición era un acto de traición a la patria. Sostenerla representaba, sobretodo para los gerentes y técnicos de la industria petrolera, un acto de gran coraje cívico.
A medida que se acercaban las elecciones de Diciembre de 1973 el ritmo de quienes pedían la nacionalización se aceleró. Desde el COPEI el candidato presidencial Lorenzo Fernández abogaba en sus discursos por el adelanto de la reversión y afrmaba que no le temblaría el pulso para firmar el decreto. El Ministro de Hidrocarburos Hugo Pérez La Salvia, en un discurso pronunciado ante los periodistas, afirmó que la industria “no podía ser dejada en manos de las empresas internacionales”. Y, días mas tarde, afirmó que “ya los estudios pertinentes estaban hechos” y que el gobierno planificaba la nacionalización petrolera, dado que el personal era todo venezolano y que los mercados para nuestro petróleo eran abundantes. Hasta un prominente miembro de Acción Democrática, Enrique Tejera París, ex-embajador de Venezuela en Washington DC, se sumó al coro de los exaltados al decir, justo después de las elecciones, que “la nacionalización de la industria petrolera era un asunto de la mas urgente consideración”, declaración que fue desautorizada de inmediato por el vocero petrolero de Acción Democrática, Arturo Hernández Grisanti.
Es posible que la ansiedad mostrada por el COPEI para acelerar un proceso que requería serenidad y apropiada planificación contribuyese decisivamente a la derrota de su candidato presidencial Lorenzo Fernández. Lo cierto es que el candidato presidencial de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, quien había sostenido en su campaña una línea de moderación en torno al tema, obtuvo una victoria abrumadora. Lorenzo Fernández, el candidado derrotado del COPEI, atribuyó su derrota a las acciones tomadas en su contra por las empresas petroleras concesionarias.
Lejos de apaciguarse debido a la victoria de Carlos Andrés Pérez, los partidos políticos MEP y COPEI que abogaban por la nacionalización inmediata redoblaron sus esfuerzos y presentaron en el Congreso Nacional dos proyectos de leyes de nacionalización petrolera, denominados “leyes que reservan al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”. De los dos proyectos, el presentado por el MEP, obra de Alvaro Silva Calderón, contenía una excelente exposición de motivos pero ambos incluían importantes errores técnicos, matemáticos y políticos. Esta demostración de ignorancia llenó de preocupación a muchos profesionales venezolanos de la industria. Estos técnicos advirtieron que los proyectos de ley confundían el precio fiscal de exportación con el precio de realización y que proponían enviar las indemnizaciones de los empleados al Banco Central de Venezuela. Ambos proyectos hablaban de estatificación y desechaban toda participación directa del sector privado venezolano en las actividades de la industria. Aunque los proyectos hablaban de una compensación a las concesionarias basada en el valor neto en libros de los activos, la extrema izquierda se oponía ferozmente a compensación alguna, citando los “daños ambientales” que las empresas concesionarias habían causado. Ambos proyectos estipulaban una estructura de supervisión de la industria nacionalizada dirigida desde el Ministerio del sector, es decir, politicamente controlada.
Fue en ese escenario que se desarrolló la gran batalla de ideas entre los profesionales de la industria petrolera y los profesores universitarios marxistas. Uno de los líderes del grupo marxista fue Francisco Mieres. Para él la nacionalización debía ser mucho más severa con las ex-concesionarias, no podía ser como la planteaban los profesionales de la industria petrolera pués ello le haría “perder su carga revolucionaria”. Este debate fue muy arduo y se decidió finalmente a favor de quienes abogaban por una nacionalización sensata, conservando aquellos nexos tecnológicos y comerciales que debían conservarse. El tiempo les dió la razón.
A través de los años parece evidente que la debilidad fundamental del grupo de extrema izquierda durante el debate fue su falta de conocimiento directo de la industria petrolera. Los llamados expertos petroleros de esa tendencia nunca habían trabajado en la industria petrolera. Eran expertos formados en los campos teóricos de la economía socialista, desde una rígida perspectiva marxista, profesores universitarios, como Mieres, Gastón Parra y Pedro Esteban Mejía. Ello no quiere decir que no creyeran honestamente en su posición sino que la sustentaban con argumentos teóricos carentes del sentido de realidad que solo puede tener quien esté metido dentro de la industria, quien haya vivido en sus entrañas y la conozca a fondo, no en los libros.
Ya todo esto que menciono ha quedado en el pasado. Los hechos posteriores a la estatificación petrolera y el comportamiento de PDVSA desde 1976 hasta 1999 hablaron con elocuencia, así como han hablado con trágica elocuencia los hechos de la etapa chavista, desde 1999 hasta hoy. La verdad está allí para quien tenga ojos para verla y oídos para escucharla.
El pasado Sábado falleció en Caracas el profesor universitario de Economía Petrolera por muchos años Francisco Mieres. Mieres también fue Embajador de Venezuela en Rusia durante el actual régimen de Hugo Chávez pero no parecía comulgar con el chavismo, inclinándose más bien hacia el grupo del general Raúl Baduél. Mieres tuvo una participación muy activa durante el gran debate petrolero que precedió a la estatificación de la industria petrolera venezolana durante la década de 1970. Fue mi adversario, en ocasiones muy duro y agresivo, pero creo, en retrospectiva, que aquél debate fue un extraordinario ejemplo de verdadera democracia en acción.
Siento su muerte. En su memoria, he escrito esta nota sobre ese gran debate petrolero en el cuál participamos él y yo, en campos opuestos, pero sin llegar nunca a la descalificación soez que impera hoy en día.
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A principios de la década de 1970 la situación petrolera venezolana comenzó a experimentar significativos cambios. El gobierno venezolano había estructurado una combinación de instrumentos: el decreto 832, el precio fiscal de exportación, la ley de Reversión y la Ley de Reserva al Estado del gas natural, mientras experimentaba, sin mayor éxito, con los contratos de servicio. Los instrumentos arriba citados le conferían al gobierno casi total control sobre las operaciones petoleras y le permitía saber con antelación el monto de sus ingresos petroleros para el año. Para todo efecto práctico la industria petrolera venezolana ya se hallaba “nacionalizada”. Sin embargo, esta misma situación llevó a las empresas concesionarias a reducir sus inversiones a un mínimo absoluto, dedicándose a producir de manera acelerada, a fin de recuperar el mayor volúmen posible de petróleo dentro de la vida remanente de las concesiones. Esta reacción era lógica como estrategia comercial pero fue moldeando un clima propicio a la nacionalización. El gobierno comenzó a preocuparse de que, al final de las concesiones, el país recibiera solo restos de la actividad. Los sectores políticos comenzaron a hablar abiertamente de nacionalizar la industria. Desde el despacho del ministerio del sector, Hugo Pérez La Salvia hablaba de la necesidad de acelerar los estudios dirigidos a la nacionalización. URD, a través de Leonardo Montiel Ortega, proponía la formación de un grupo que comenzase a estudiar las maneras de vender directamente el petróleo venezolano, acusando a las concesionarias de presionar al gobierno mediante reducciones injustificadas de producción. El resucitado Partido Comunista de Venezuela, por boca de Olga Luzardo, llamaba a las mujeres venezolanas a defender la Ley de Reversión. Por otro lado, el ex-presidente Rómulo Betancourt, el catedrático Ernesto Mayz Vallenilla, el presidente de Fedecámaras Carlos Guillermo Rangel y el dirigente de acción Democrática Arturo Hernández Grisanti, pedían no politizar las decisones en torno a la nacionalización del petróleo. Había comenzado lo que sería un intenso debate petrolero nacional, una verdadera muestra de democracia, en ocasiones muy agresivo pero nunca excluyente. El debate se politizó, un hecho inevitable debido a que se acercaban las elecciones presidenciales, en Diciembre de 1973, y los dos partidos con posibilidades de ganar esas elecciones se sentían obligados a asumir una posición frente a la nacionalización petrolera.
Rapidamente se establecieron a nivel político dos grandes bandos en torno a este asunto. Uno, en cuyas filas militaban líderes políticos de izquierda o, aún, de centro o de derecha animados de un fuerte matiz patriótico o pseudo-patriótico. Este grupo pedía la nacionalización de la industria petrolera de manera acelerada, entendiendo como nacionalización el control total del Estado venezolano sobre la industria. Hablaba este grupo de estatificar la industria, más que de nacionalizarla. Ello excluía la posibilidad de que la Venezuela no gubernamental pudiese tener una participación directa en la industria. Para este grupo no debería ser permitida la participación directa del sector privado venezolano en las actividades de la industria, puesto que este sector era visto por ellos como una simple extensión del capitalismo internacional. En este bando figuraban, entre muchos otros, Alfredo Tarre Murzi, Radamés Larrazabal, Francisco Mieres, Leonardo Montiel Ortega, Gastón Parra, Alvaro Silva Calderón, Humberto Calderón Berti, Pompeyo Márquez, Freddy Muñoz Eduardo Acosta Hermoso, los profesores Marxistas de las universidades, los comunistas de corte stalinista, Abdón Vivas Terán, Carlos Piñerúa, Jesús Paz Galarraga, Pedro Márquez y Jesús Bernardoni. Los partidos políticos agrupados en torno a esta tesis incluían a COPEI, MEP, URD y el partido Comunista de Venezuela. El grupo contaba con el apoyo de la CVP, heredera aparente de la gerencia de la industria una vez estatificada y con organizaciones tales como Pro Venezuela, tradicionalmente muy nacionalista. La posición del COPEI era motivada por estrategias políticas mas que por ideología. Este partido se encontraba en el poder, en plena campaña electoral y deseaba sonar más agresivo, mas nacionalista que cualquier otro. Acción Democrática, por el contrario, trataba de demorar el acto de la nacionalización ya que tenían posibilidad de ganar las elecciones y deseaban ser ellos quienes la llevaran a cabo. Los análisis de la conveniencia o no del acto, de los problemas que serían encontrados en el camino, de los riesgos técnicos y políticos que la nación tendría que enfrentar no parecían interesar mucho a los super patriotas.
El otro grupo pedía moderación y cautela. Prefería hablar de una venezolanización progresiva, de empresas mixtas, de contratos de comercialización con las empresas extranjeras, de una transición mas que de una ruptura abierta con las concesionarias. En este grupo se encontraban, entre otros, Humberto Peñaloza, Rafaél Tudela, Octavio Lepage, Luis Esteban Rey, Antonio Stempel París, Pascual Venegas Filardo, Carlos Chávez, Eloy Porras, Andrés de Chene (hoy furibundo chavista y “anti-imperialista), altos gerentes de la industria petrolera concesionaria, instituciones como Fedecámaras, los candidatos presidenciales Pedro Segnini La Cruz y Miguél Angel Burelli Rivas, algunos miembros del equipo técnico gubernamental como Ramsey Michelena y”Luis Plaz Bruzual y un creciente número de técnicos petroleros que trabajaban en las empresas concesionarias. En la Venezuela de esos días la posición de este grupo no erala más popular. El bando contrario hacia creer al país que defender tal posición era un acto de traición a la patria. Sostenerla representaba, sobretodo para los gerentes y técnicos de la industria petrolera, un acto de gran coraje cívico.
A medida que se acercaban las elecciones de Diciembre de 1973 el ritmo de quienes pedían la nacionalización se aceleró. Desde el COPEI el candidato presidencial Lorenzo Fernández abogaba en sus discursos por el adelanto de la reversión y afrmaba que no le temblaría el pulso para firmar el decreto. El Ministro de Hidrocarburos Hugo Pérez La Salvia, en un discurso pronunciado ante los periodistas, afirmó que la industria “no podía ser dejada en manos de las empresas internacionales”. Y, días mas tarde, afirmó que “ya los estudios pertinentes estaban hechos” y que el gobierno planificaba la nacionalización petrolera, dado que el personal era todo venezolano y que los mercados para nuestro petróleo eran abundantes. Hasta un prominente miembro de Acción Democrática, Enrique Tejera París, ex-embajador de Venezuela en Washington DC, se sumó al coro de los exaltados al decir, justo después de las elecciones, que “la nacionalización de la industria petrolera era un asunto de la mas urgente consideración”, declaración que fue desautorizada de inmediato por el vocero petrolero de Acción Democrática, Arturo Hernández Grisanti.
Es posible que la ansiedad mostrada por el COPEI para acelerar un proceso que requería serenidad y apropiada planificación contribuyese decisivamente a la derrota de su candidato presidencial Lorenzo Fernández. Lo cierto es que el candidato presidencial de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, quien había sostenido en su campaña una línea de moderación en torno al tema, obtuvo una victoria abrumadora. Lorenzo Fernández, el candidado derrotado del COPEI, atribuyó su derrota a las acciones tomadas en su contra por las empresas petroleras concesionarias.
Lejos de apaciguarse debido a la victoria de Carlos Andrés Pérez, los partidos políticos MEP y COPEI que abogaban por la nacionalización inmediata redoblaron sus esfuerzos y presentaron en el Congreso Nacional dos proyectos de leyes de nacionalización petrolera, denominados “leyes que reservan al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”. De los dos proyectos, el presentado por el MEP, obra de Alvaro Silva Calderón, contenía una excelente exposición de motivos pero ambos incluían importantes errores técnicos, matemáticos y políticos. Esta demostración de ignorancia llenó de preocupación a muchos profesionales venezolanos de la industria. Estos técnicos advirtieron que los proyectos de ley confundían el precio fiscal de exportación con el precio de realización y que proponían enviar las indemnizaciones de los empleados al Banco Central de Venezuela. Ambos proyectos hablaban de estatificación y desechaban toda participación directa del sector privado venezolano en las actividades de la industria. Aunque los proyectos hablaban de una compensación a las concesionarias basada en el valor neto en libros de los activos, la extrema izquierda se oponía ferozmente a compensación alguna, citando los “daños ambientales” que las empresas concesionarias habían causado. Ambos proyectos estipulaban una estructura de supervisión de la industria nacionalizada dirigida desde el Ministerio del sector, es decir, politicamente controlada.
Fue en ese escenario que se desarrolló la gran batalla de ideas entre los profesionales de la industria petrolera y los profesores universitarios marxistas. Uno de los líderes del grupo marxista fue Francisco Mieres. Para él la nacionalización debía ser mucho más severa con las ex-concesionarias, no podía ser como la planteaban los profesionales de la industria petrolera pués ello le haría “perder su carga revolucionaria”. Este debate fue muy arduo y se decidió finalmente a favor de quienes abogaban por una nacionalización sensata, conservando aquellos nexos tecnológicos y comerciales que debían conservarse. El tiempo les dió la razón.
A través de los años parece evidente que la debilidad fundamental del grupo de extrema izquierda durante el debate fue su falta de conocimiento directo de la industria petrolera. Los llamados expertos petroleros de esa tendencia nunca habían trabajado en la industria petrolera. Eran expertos formados en los campos teóricos de la economía socialista, desde una rígida perspectiva marxista, profesores universitarios, como Mieres, Gastón Parra y Pedro Esteban Mejía. Ello no quiere decir que no creyeran honestamente en su posición sino que la sustentaban con argumentos teóricos carentes del sentido de realidad que solo puede tener quien esté metido dentro de la industria, quien haya vivido en sus entrañas y la conozca a fondo, no en los libros.
Ya todo esto que menciono ha quedado en el pasado. Los hechos posteriores a la estatificación petrolera y el comportamiento de PDVSA desde 1976 hasta 1999 hablaron con elocuencia, así como han hablado con trágica elocuencia los hechos de la etapa chavista, desde 1999 hasta hoy. La verdad está allí para quien tenga ojos para verla y oídos para escucharla.
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Lo que si es justo recordar es que muchos hombres y mujeres, de ambos bandos, batallaron honestamente por su causa, entre ellos Francisco Mieres, el respetable adversario que acaba de fallecer.
Lo que si es justo recordar es que muchos hombres y mujeres, de ambos bandos, batallaron honestamente por su causa, entre ellos Francisco Mieres, el respetable adversario que acaba de fallecer.
1 comentario:
Gustavo, honor a quien honor merece. Francisco Mieres, a quien me vincularon lazos de amistad, fue un académico a carta cabal y tiempo completo, de conducta vertical. Siento mucho su desaparición y aprecio mucho tu reconocida bondad e igual postura vertical. Este artículo demuestra que aun, pese a la crisis de valores que atraviesa Venezuela, sobreviven los valores humanos por encima de posiciones partidistas e ideológicas. La actitud es un valor fundamental. Recibe mis palabras de reconocimiento público y el recuerdo de aquellos momentos cuando en Venezuela el debate era con ideas. Como periodista, formé parte de aquel debate donde tu y Francisco Mieres, entre otros, fueron grandes protagonistas. José Emilio Castellanos.
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